Propuestas para un PACTO NACIONAL

I. Razones y urgencia

Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y  regenerar el tejido social y comunitario.

Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas, y por la destrucción del ambiente. Se trata de una violencia sistémica donde los más afectados provienen de los sectores excluidos, marginados y vulnerabilizados de esta sociedad: mujeres, jóvenes, niños, migrantes, pueblos indígenas.

Esta guerra es fruto del monopolio que está configurando el narcotráfico en nuestro país a través de sus interconexiones transnacionales de territorios e imponiendo sus reglas de acción al Estado-Nación, lo que implica la pérdida de la capacidad gubernamental para decidir el rumbo de las políticas económicas y responder a los grupos menos favorecidos, creando, a la vez, “territorios-sin-gobierno”, en donde las bandas se disputan el dominio del trasiego de la droga desde Sudamérica y Centroamérica hasta aquí para  enviarlas a Estados Unidos.

Así, la guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.

Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles: actualmente 500 miembros del Ejército –desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país.  Avanza la preeminencia de la lógica militar sobre la lógica civil en múltiples ámbitos de la vida nacional.

Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 000 ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron 1 427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 000 huérfanos; (la Redim calcula 30, 000, aunque no es una cifra oficial); 10 000 secuestros de migrantes; más de 30 alcaldes asesinados.

Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos violentos.

Preocupa especialmente que el sector de la juventud más vulnerable ha sido estigmatizado y criminalizado bajo la categoría de “ninis”, 7 millones de jóvenes en el país, sin el reconocimiento de que tal condición es producto de las acciones y omisiones del gobierno mexicano al negarles condiciones de acceso a la educación y al trabajo digno. Es central la responsabilidad del gobierno, en las políticas económicas, sociales, educativas y urbanas que generan exclusión, rompimiento de los lazos familiares, desgarre del tejido social, estas políticas son las responsables de la generación de “ninis”. Se trata de miles de jóvenes y menores de edad sin educación ni empleo que para sobrevivir no tienen otra opción que engrosar las filas del ejército a través del servicio militar o cooperar con el narcotráfico, para así morir o ser encarcelados; se trata de miles de adolescentes en el ejército, miles en las cárceles, y miles en las tumbas.

Los intentos del gobierno por atacar de otras formas el problema de la inseguridad, como el programa Todos Somos Juárez implementado desde hace quince meses, han fracasado a ojos de la ciudadanía. Se ha buscado sustituir con dinero a la exigencia de justicia. Ha sido un intento de contener con obra pública la indignación y el dolor de una comunidad vulnerada y agraviada. Ha beneficiado a un puñado de constructoras y no ha atacado las raíces sociales de las violencias. Ha generado además efectos perversos porque obstaculiza la organización autónoma de la sociedad y donde se implanta se hace sin tomar en cuenta la dinámica de los actores, las iniciativas y los conflictos locales.

Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles: federal, estatal y municipal. Según datos que se han hecho públicos por expertos, más del 70% de los gobiernos municipales se encuentran bajo presión del crimen organizado, por amenaza, o por corrupción de los funcionarios.

La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: el 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.

El deterioro de las instituciones democráticas en México se refleja en la situación de los derechos humanos en el país: se han sextuplicado las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden; entre éstas, múltiples casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, desapariciones y detenciones arbitrarias. De manera simultánea se ha dado un proceso de regresión en materia de derechos humanos tanto para el ejercicio de libertades, como en los derechos sociales, particularmente los laborales; de los derechos colectivos de comunidades sobre sus territorios y bienes naturales, así como la criminalización de la protesta social y el hostigamiento a los defensores de derechos.

Los efectos en la vida cotidiana de las personas y las colectividades producen un profundo proceso de fragmentación del tejido social; sentimientos de impotencia e indefensión frente a la imposibilidad de obtener justicia y protección; miedo, culpa, ira e incertidumbre frente a la realidad; desesperanza y trastocamiento de las visiones de futuro.

II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos

En esta hora de emergencia nacional, la Nación se debe articular de manera plural e incluyente, desde abajo y entre todos y todas, para impulsar cambios de fondo que recuperen el piso común que nos une y que posibilita la convivencia social.

Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades  acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad:

1- Exigimos verdad y justicia.

A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de persona, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las victimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.

B. Exigimos a las autoridades estatales y federal, como señal de la capacidad de funcionamiento del Estado, la resolución pública que presente, en un máximo de 3 meses, a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, como son:

• la familia Reyes: Josefina Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar, Luisa Ornelas Soto (esposa de Elías), Julio César Reyes Reyes, Rubén Reyes Salazar (hermano)
• Marisela Escobedo y su hija Rubí,
• Susana Chávez,
• Bety Cariño y Jiri Jaakola
• las niñas y niños de la guardería ABC:

María Magdalena Millán García
Andrea Nicole Figueroa
Emilia Fraijo Navarro
Valeria Muñoz Ramos
Sofía Martínez Robles
Fátima Sofía Moreno Escalante
Dafne Yesenia Blanco Losoya
Ruth Nahomi Madrid Pacheco
Denisse Alejandra Figueroa Ortiz
Lucía Guadalupe Carrillo Campos
Jazmín Pamela Tapia Ruiz
Camila Fuentes Cervera
Ana Paula Acosta Jiménez
Monserrat Granados Pérez
Pauleth Daniela Coronado Padilla
Ariadna Aragón Valenzuela
María Fernanda Miranda Hugues
Yoselín Valentina Tamayo Trujillo
Marian Ximena Hugues Mendoza
Nayeli Estefania González Daniel
Ximena Yanes Madrid
Yeseli Nahomi Baceli Meza
Ian Isaac Martínez Valle
Santiago Corona Carranza
Axel Abraham Angulo Cázares

Javier Ángel Merancio Valdez

Andrés Alonso García Duarte

Carlos Alán Santos Martínez
Martín Raymundo de la Cruz Armenta
Julio César Márquez Báez
Jesús Julián Valdez Rivera
Santiago de Jesús Zavala Lemas
Daniel Alberto Gayzueta Cabanillas
Xiunelth Emmanuel Rodríguez García
Aquiles Dreneth Hernández Márquez
Daniel Rafael Navarro Valenzuela
Juan Carlos Rodríguez Othón
Germán Paúl León Vázquez
Bryan Alexander Méndez García
Jesús Antonio Chambert López
Luis Denzel Durazo López
Daré Omar Valenzuela Contreras
Jonathan Jesús de los Reyes Luna
Emily Guadalupe Cevallos Badilla
Juan Israel Fernández Lara
Jorge Sebastián Carrillo González
Ximena Álvarez Cota
Daniela Guadalupe Reyes Carretas
Juan Carlos Rascón Holguín

• la familia Le Barón: Erick Le Barón, Benjamín Le Barón, Luis Widmar Stubbs
• los jóvenes de Villas de Salvarcar:

Marcos Piña Dávila
José Luis Piña Dávila
Rodrigo Cadena Dávila
Juan Carlos Medrano
Horacio Alberto Soto Camargo
José Luis Aguilar Camargo
Yomira Aurora Delgado
Brenda Ivonne Escamilla José Adrian Encino Hernández
Edgar Martínez Díaz
Jesús Enríquez
Jesús Armando Segovia Ortiz
Carlos Lucio Moreno
Eduardo Becerra
Jaime Rosales

• los jóvenes de Morelos: Juan Francisco Sicilia, Luis Romero, Julio Romero, Gabriel Alejos, Álvaro Jaime y Socorro Estrada.

C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olividar y exigir justicia,  colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.
2- Exigimos poner fin a la estrategia guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos, que evite la participación del ejército en tareas policiales; que avance un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, barrios y unidades habitacionales.
B.I Exigimos que, antes de dos meses, los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
B.II Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales  bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos.
C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un “Encuentro Nacional” de las experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana autogestiva y comunitaria, que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto, y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar  la forma que toma la delincuencia en cada región y saber cómo frenarla.
3- Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.
A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y extablezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.
B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.
4- Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen
A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.
B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.
C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.
5- Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura  y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública
B- Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.
6- Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

1. La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.

Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.

1. Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.

B..I. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y que retome los asuntos pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y legisladores de varios partidos.
III. Para iniciar el camino
Estas propuestas buscan detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin.
Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias  a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.
Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación. Tenemos que dejar la apatía, la queja, el paternalismo, las visiones sectarias, para sumarnos activamente con una nueva responsabilidad de participación en los asuntos públicos.
Esta es una invitación, por un lado, a la sociedad civil para organizarnos y unirnos en torno a demandas y ejes fundamentales de lucha para detener la guerra. Por otro lado, con esta unidad podremos realizar un emplazamiento a las más altas autoridades y responsables frente a la nación para exigirles que se comprometan públicamente a construir unas acciones básicas con el fin de empezar a construir una paz verdadera con justicia y dignidad en México ¡ya! No se trata de sentarse con las autoridades y responsables de esta emergencia nacional  en un mismo estrado y sacar fotos.
El 10 de junio nos reuniremos en Cd. Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada unos de los 6 puntos.
La sociedad civil va a monitorear con mucho cuidado el cumplimiento de sus exigencias y a establecer las consecuencias de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas seremos testigos del compromiso real de estos actores, y verificaremos que cumplan cada punto.
Se crearán estas Comisiones Civiles de Verificación y Sanción para cada punto, las cuales evaluarán el compromiso y cumplimiento muy concreto, y, en caso que no se acepten las exigencias o se hagan discursos y no se cumplan, se establecerán, junto a la sociedad civil, las acciones de resistencia civil y pacífica correspondientes para lograr el cumplimiento de este “suelo” mínimo que consideramos para la reconstrucción de la nación.
Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y acción colectiva nacional” permanentes. Necesitamos fortalecer y visibilizar problemáticas regionales, articularnos en reflexión y acciones locales y nacionales, promover en todo momento una memoria activa y la participación central de todas las víctimas de este proceso de guerra hecha en nuestro nombre y sin nuestro consenso.
Con el Pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa a los titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; a los presidentes nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso de la Unión; a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial y financiero; a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales.
Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. Unamos nuestras voces de ambos lados de la frontera para exigir paz y detener el negocio de las drogas y el delito que destruyen vidas a ambos lados de la frontera.
Sigamos caminando juntos y juntas para construir ¡YA! un México en paz con justicia y dignidad.

¡Estamos hasta la madre! ¡Alto a la guerra! ¡Por un México justo y en paz!

Mayo 8, 2011

LA VIOLENCIA NO ES UNA PERCEPCIÓN CREADA POR LOS MEDIOS.

Tengo que confesar que con curiosidad e incluso algo de expectativa seguí la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia; sin embargo, a medida que avanzaba el evento, iba perdiendo el interés y ganando la desconfianza, por quiénes estaban en el primer plano (Televisa y Televisión Azteca) y por quienes no aparecieron, de los que después supimos, no fueron invitados.

Más allá de la aparatosa puesta en escena y de las primeras impresiones, decidí analizar con detenimiento los puntos descritos en el Acuerdo, ya que algunos aspectos en ese rápido recuento, me habían llamado la atención. Si bien mis reflexiones no tenían el objetivo de contestar a un desconcertado periodista que preguntaba ayer ¿cómo alguien no podría estar a favor de los acuerdos?, bien pueden servir a este propósito también.

En una breve síntesis, diría que de los 10 puntos de acuerdo, 1 me parece pertinente; 4 se quedan absolutamente cortos; 2 son tareas del Estado;  1 no lo hubiera firmado; y otro lo considero un franco atentado en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información.

El acuerdo de “Dimensionar adecuadamente la información” me parece correcto siempre y cuando no se deje de dar la información por no tener todos los datos de contexto disponibles.

Los acuerdos “Proteger a los periodistas”,” Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”, “No prejuzgar culpables” y “Cuidar a las víctimas y  a los menores de edad” me parecía una agenda muy valiosa para este acuerdo, sin embargo, una vez analizados los detalles, no plantean las medidas esperadas. La CNDH reporta que en la última década, 65 representantes de los medios de comunicación han sido asesinados y en el último lustro, 12 han sido reportados como desaparecidos y se han registrado 17 atentados en contra de sedes de medios de comunicación. Lo que yo hubiera esperado en el tema de protección a las y los periodistas era una acuerdo para impulsar la creación del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, recomendado por las Relatorías de Libertad de Expresión de la  OEA y la ONU, en donde los medios tuvieran voz y voto. El Gobierno Federal, que ha dado pasos muy incipientes en el cumplimiento de esta recomendación, no tiene la intención de hacer partícipes de este mecanismo ni a los periodistas, ni a las y los defensores de derechos humanos, ni a las organizaciones de la sociedad civil expertas en comunicación, ni a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.

En lo que se refiere a una demanda de algunos organismos públicos en cuanto a no prejuzgar culpables exhibiéndolos en los medios de comunicación, en lugar de que el acuerdo señalara explícitamente esta prohibición, sólo refiere que se deberá manejar la información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes.

En el tema del las víctimas de violencia, se acuerda no dar información que ponga en riesgo su identidad, lo cual es correcto pero insuficiente ante casos como los de Marisela Escobedo o de la Familia Reyes Salazar, donde la presión y exigencia de los medios para garantizar la integridad de estas víctimas hubiera sido un apoyo muy importante.

Por otro lado, los puntos referentes a “Atribuir responsabilidades explícitamente” y “Alentar la participación y denuncia ciudadana”, considero que son obligaciones del Estado y un riesgo para los medios acatarlos. Se ha visto que los medios no pueden dar cobertura a las personas que denuncian o las que han sido torturadas, acribilladas, desaparecidas, e ignoradas por el Gobierno. En cuanto a atribuir responsabilidades, es tarea de la autoridad competente, una vez hechas las investigaciones.

No me explico por qué explicitar “Tomar postura contra la violencia”, ni tampoco  entiendo “No interferir en el combate a la delincuencia”; si hay duda de que los medios pueden intervenir en el combate a la delincuencia será porque el Gobierno no está teniendo el cuidado suficiente con la confidencialidad de la información que maneja; falta gravísima atribuible al Gobierno y no a los medios.

Finalmente, el acuerdo más preocupante por atentar a mi juicio contra la libertad de expresión y el derecho a la información es el de “No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada” Los puntos particulares de este acuerdo van en franca censura de los medios a informar con precisión lo que está sucediendo y a dar el contexto referido en el acuerdo 3. Ante el clima de violencia que nos arrastra, yo quiero conocer con toda precisión lo que está pasando. Me interesa saber quiénes son los delincuentes, qué piensan, qué piensa la gente que los rodea; cómo actúan; dónde se encuentran; quiénes los apoyan; si hay una manta de amenazas cerca de mi casa quiero tener conocimiento para tomar precauciones; o saber si debo cancelar un viaje por el riesgo que me implicaría.

La violencia no es una percepción de la ciudadanía inducida por la poca profesionalización de los medios, es una realidad que nos amenaza, y nos paraliza cuando por ejemplo vemos a los militares patrullando las calles, o los asesinatos de ciudadanos que piden justicia, o que la única opción para tener seguridad es pedir asilo en otro país.

Pawi descansa en paz

Queridísima familia Augelli Arnaud, les mando todo mi amor en este momento tan difícil de su vida. Estoy muy triste de no poder estar físicamente con ustedes, pero con todas las cosas que hemos vivido juntos, saben que están en mi corazón. Tengo una foto de Pawi recien nacido conmigo en la playa; voy a tratar de subirla porque es hermosa, como lo fue Pawi. Los quiero mucho. Siempre te recordaremos querido Pawi.

En apoyo al ayuno de 100 horas por el esclarecimiento de los Feminicidios en México

Comunicado de Yndira Sandoval Sánchez

Subsecretaria Nacional de Asuntos Juveniles

Coordinadora de Feminismo del Comité Américano de la internacional Socialista de Jóvenes IUSY

Hoy en día, la evidente crisis económica, política, social e institucional por la que atraviesa nuestro país, sin lugar a dudas la población mas afectada somos las Mujeres, así como las y los Jóvenes.

La falta de oportunidades, la discriminación, las desigualdades, así como la falta de acceso a la salud, educación, empleo y la seguridad, han generado la feminización de la pobreza y la violencia contra las mujeres, el ineficiente sistema de procuración, impartición y administración de justicia, emanado de un sistema patriarcal, la sistemática violación a los Derechos Humanos, el amenazado Estado laico y la ausencia de concientización y sensibilización en materia de Equidad de Género en las politicas publicas de la mayoría de los Estados de la República; nos han llevado a un grave grado de vulnerabilidad para las Mujeres en general, así como a las y los jóvenes Mexicanos.

Es indignante que por fines políticos partidistas, se niegue la emisión de la Alerta de Género, en una entidad cuyos números sólo de los que se tiene registro, nos arrojan poco más de 900 feminicidios en los últimos cinco años, que en su mayoría se trata de Mujeres jóvenes menores de 35 años cuyos casos están sin resolver y a los que poco caso les han hecho las autoridades del Estado de México, el alto vacío en materia legislativa para el avance de los derechos de las mujeres, se une a esta situación, la postura política de un gobierno represor y autoritario, que ha convertido la Entidad Mexiquense en la de mayor índice de violencia contra las mujeres, seguido de Chihuahua, que no ha dejado de ser emblemática en los actos de violencia contra las mujeres y que han privado de la vida a cientos de ellas sobre todo, ante los ojos de quienes juzgan y las hacen invisibles.

La Violencia contra las mujeres y el Feminicidio es un estado grave de la situación de inseguridad para las m mujeres a todo lo largo y ancho de México.

El neoliberalismo, no sólo no garantiza el pleno ejercicio de nuestros derechos sino persigue y asesina a las y los familiares de las víctimas, así como a las defensoras de los Derechos Humanos .

En medio de una mala estrategia de combate al crimen organizado, miles de jóvenes mujeres y hombres han quedado en medio de una violencia feminicida y juvenicida, tras la militarización de nuestras calles y comunidades, que se puede traducir en la violación de los Derechos Humanos como una constante y una Violencia de Estado.

Yo, como mujer y joven mexicana, invadida por la rabia, la inconformidad y la indignación que provoca la ineptitud e incompetencia, inicie un AYUNO POR 100 HORAS este 8 de marzo a las 9 am en el Día Internacional de la Mujer, frente a la Secretaria de Gobernación, instancia responsable de la Política Interior y de la Seguridad de las Personas en nuestro país, este ayuno es para demandar lo siguiente:

*El esclarecimiento de todos los Feminicidios en el país.

*La tipificación de Feminicidio en los códigos penales de todas las entidades federativas

*La emisión de La Alerta de Género en el Estado de México principalmente y en los Estados donde así se requiera.

*La armonización legislativa de todos los Estados con la LGAMVLV y la LGIHM, así mismo con los Tratados Internacionales a los que haya lugar.

*La creación de El Instituto de las Mujeres en todos los Estados sin excepción alguna, particularmente en el Estado de México.

Por el pleno ejercicio de nuestros derechos, NI UNA MUERTA MAS!!

Por todos los Derechos para todas ………….. NI UNA MUERTA MAS!!

Por la Justicia y la Dignidad Humana ………… NI UNA MUERTA MAS!!

POR QUE NO SOMOS TODAS, FALTAN NUESTRAS MUERTAS…!

Yndira Sandoval Sánchez

Feminista.

Subsecretaria Nacional de Asuntos Juveniles

Coordinadora de Feminismo del Comité Américano de la internacional Socialista de Jóvenes IUSY

Arturo Díaz Betancourt

Arturo Díaz Betancourt

Con gran tristeza me estoy enterando que falleció mi querido amigo Arturo Díaz Betancourt. Gran defensor de los derechos humanos, y de la lucha en contra de la discriminación de las personas con VIH. Te llevaré siempre en mi corazón querido Arturo.

Defensor@s de la Audiencia

El regreso de Carmen Aristegui al Programa de la Primera Emisión de Noticias MVS es una luz de esperanza en el camino de la defensa de los derechos humanos y una batalla ganada en contra de aquellas personas que buscan por todos los medios que nuestro país no salga del oscurantismo y que siga rigiendo la censura.

Este es un claro ejemplo de la fuerza que puede tener la ciudadanía cuando levanta la voz, se organiza y ejecuta acciones colectivas, en torno a un objetivo común; sin embargo, si bien podemos estar contentos por esta victoria, de ninguna manera debemos estar satisfechos y quedarnos inmóviles, porque todavía falta mucho trecho que recorrer para lograr que en México se respete y garantice el derecho a la libertad de expresión, y en general, todos los derechos humanos.

El Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, Frank La Rue, se pronunció en días pasados sobre este caso, recordando que “quienes ejercen una función pública tienen el deber de soportar un mayor nivel de crítica y cuestionamiento que el resto de la sociedad, porque han asumido voluntariamente responsabilidades de carácter público.”

Además, aprovecha para señalar lo expresado en su informe preliminar realizado a raíz de la visita oficial con la Relatora de la OEA, Catalina Botero,  en el mes de agosto del año pasado, respecto a que en México el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran seriamente limitados y que el Estado tiene la obligación de propiciar los cambios de fondo que requiere el ejercicio de la libertad de expresión.

El Relator reitera su recomendación al Estado mexicano de adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de los medios de comunicación,  y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, así como la necesidad de “crear un órgano público independiente del Gobierno que regule la radio y la televisión.

En el comunicado conjunto de Carmen Aristegui y MVS, informan que acordaron nombrar un Defensor del Radioescucha, el cual tendrá a su cargo la evaluación regular de los contenidos, con sustento en el Código de Ética. El comunicado es muy escueto respecto a las atribuciones y características de este Defensor, sin embargo, entenderíamos que su actuar debe fundamentarse en los más altos estándares internacionales de defensa de los derechos humanos, conjugando la libertad de informar y opinar, con el derecho de la audiencia a recibir información de calidad.

Si bien este Defensor no es un Ombudsman porque es nombrado por un particular y no por el Estado, el perfil y atribuciones pudieran ser similares, por lo cual, debe tener una amplia y reconocida trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos, particularmente en materia de libertad de expresión e información.

Una relación virtuosa del Defensor con los radio escuchas implica establecer un compromiso claro para, no sólo recibir las quejas, sino propiciar la expresión de los diversos puntos de vista, bajo un marco de pluralidad, tolerancia, y no discriminación.

Las y los ciudadanos debemos seguir luchando por democratizar los medios de comunicación, convirtiéndonos en una audiencia participativa y crítica, que exija el intercambio abierto y sin censura de los puntos de vista que ofrece esta sociedad mexicana tan diversa.

Tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, “la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad.”

Afortunadamente para nosotros, y en tanto no logremos este difícil objetivo, las y los ciudadanos contamos con las redes sociales, que se están convirtiendo en poderosísimas herramientas que están revolucionando la comunicación y permitiendo que la ciudadanía tenga por fin un espacio en el que pueda expresar libremente sus ideas y convocar a movilizaciones ciudadanas, con repercusiones tan formidables como lo sucedido recientemente en Túnez y Egipto.

Dicen los Principios de Chapultepec:

“La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente.

Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio.

No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad.

Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino.”

México: el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en la Américas (ONU, OEA)

Hace solo 6 meses, en agosto de 2010, que Catalina Botero y Frank La Rue, Relatores para la libertad de expresión de la OEA y la ONU respectivamente, visitaron México y señalaron públicamente su preocupación por los asesinatos de periodistas y otros gravísimos actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones en nuestro país. Conforme a la información recibida por los Relatores (64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en los últimos diez años), en su informe preliminar señalaron que México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en las Américas y que el vigor, la diversidad y el pluralismo en el debate democrático se encuentran seriamente limitados.

Conclusiones gravísimas que debieran sacudir a nuestro gobierno para adoptar medidas urgentes que respeten y garanticen la libertad de expresión; sin embargo, contrariamente el gobierno federal ha decidido emprender una ruta hacia el otro lado: la censura. Carmen Aristegui ya no estará en el noticiero de MVS por haber violado el código de ética de la empresa. No sabemos a qué se refiere, qué parte de qué código de ética violó, pero sabemos que está relacionado con el comentario de la periodista respecto de la manta presentada en el Congreso aludiendo a un presunto alcoholismo del Presidente Calderón. Como bien señaló Carmen, si fueran ciertos los rumores que cada vez son más frecuentes, es un tema delicado y es preciso saber si existe o no este problema, lo cual merecería una respuesta seria, clara y formal por parte de la propia Presidencia.

Algunos se preguntan si es un asunto de interés público los rumores de alcoholismo de Felipe Calderón. Creo que es obvio que este tema no estaría en la arena pública, ni nos importaría a las y los ciudadanos si se tratara de cualquier persona, pero en este caso, estamos hablando nada más y nada menos que del Presidente de México. Ese es por supuesto un tema que preocupa y sobre el cual tenemos el derecho de conocer la información. Con todo atino, Carmen mencionaba que en las democracias del mundo se piden estudios médicos para conocer la condición de los gobernantes debido a que están en una posición de altísima responsabilidad y tomando decisiones a nombre del interés general.

En lugar de informarnos, la respuesta es quitar a Carmen Aristegui del noticiero, contraviniendo las recomendaciones de los relatores de la libertad de expresión de los organismos internacionales de derechos humanos. La CIDH ha llamado reiteradamente a los Estados a no criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente respecto a asuntos de interés público.

La libertad de expresión no es una graciosa concesión del gobierno, sino un derecho humano. La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA establece que: “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas y un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. … La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

La buena noticia es que la sociedad civil mexicana está alerta y activa. Durante estos días se ha mantenido el tema en las redes sociales, que es casi el único espacio que nos queda para manifestar nuestras opiniones y organizarnos. Hay diversas propuestas como marchas, boicots, pronunciamientos, etc. que conjugadas demostrarán que hay voluntad y fuerza para luchar por el respeto y garantía de los derechos humanos.