Tengo que confesar que con curiosidad e incluso algo de expectativa seguí la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia; sin embargo, a medida que avanzaba el evento, iba perdiendo el interés y ganando la desconfianza, por quiénes estaban en el primer plano (Televisa y Televisión Azteca) y por quienes no aparecieron, de los que después supimos, no fueron invitados.
Más allá de la aparatosa puesta en escena y de las primeras impresiones, decidí analizar con detenimiento los puntos descritos en el Acuerdo, ya que algunos aspectos en ese rápido recuento, me habían llamado la atención. Si bien mis reflexiones no tenían el objetivo de contestar a un desconcertado periodista que preguntaba ayer ¿cómo alguien no podría estar a favor de los acuerdos?, bien pueden servir a este propósito también.
En una breve síntesis, diría que de los 10 puntos de acuerdo, 1 me parece pertinente; 4 se quedan absolutamente cortos; 2 son tareas del Estado; 1 no lo hubiera firmado; y otro lo considero un franco atentado en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información.
El acuerdo de “Dimensionar adecuadamente la información” me parece correcto siempre y cuando no se deje de dar la información por no tener todos los datos de contexto disponibles.
Los acuerdos “Proteger a los periodistas”,” Solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”, “No prejuzgar culpables” y “Cuidar a las víctimas y a los menores de edad” me parecía una agenda muy valiosa para este acuerdo, sin embargo, una vez analizados los detalles, no plantean las medidas esperadas. La CNDH reporta que en la última década, 65 representantes de los medios de comunicación han sido asesinados y en el último lustro, 12 han sido reportados como desaparecidos y se han registrado 17 atentados en contra de sedes de medios de comunicación. Lo que yo hubiera esperado en el tema de protección a las y los periodistas era una acuerdo para impulsar la creación del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, recomendado por las Relatorías de Libertad de Expresión de la OEA y la ONU, en donde los medios tuvieran voz y voto. El Gobierno Federal, que ha dado pasos muy incipientes en el cumplimiento de esta recomendación, no tiene la intención de hacer partícipes de este mecanismo ni a los periodistas, ni a las y los defensores de derechos humanos, ni a las organizaciones de la sociedad civil expertas en comunicación, ni a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
En lo que se refiere a una demanda de algunos organismos públicos en cuanto a no prejuzgar culpables exhibiéndolos en los medios de comunicación, en lugar de que el acuerdo señalara explícitamente esta prohibición, sólo refiere que se deberá manejar la información bajo el supuesto de que los involucrados son inocentes.
En el tema del las víctimas de violencia, se acuerda no dar información que ponga en riesgo su identidad, lo cual es correcto pero insuficiente ante casos como los de Marisela Escobedo o de la Familia Reyes Salazar, donde la presión y exigencia de los medios para garantizar la integridad de estas víctimas hubiera sido un apoyo muy importante.
Por otro lado, los puntos referentes a “Atribuir responsabilidades explícitamente” y “Alentar la participación y denuncia ciudadana”, considero que son obligaciones del Estado y un riesgo para los medios acatarlos. Se ha visto que los medios no pueden dar cobertura a las personas que denuncian o las que han sido torturadas, acribilladas, desaparecidas, e ignoradas por el Gobierno. En cuanto a atribuir responsabilidades, es tarea de la autoridad competente, una vez hechas las investigaciones.
No me explico por qué explicitar “Tomar postura contra la violencia”, ni tampoco entiendo “No interferir en el combate a la delincuencia”; si hay duda de que los medios pueden intervenir en el combate a la delincuencia será porque el Gobierno no está teniendo el cuidado suficiente con la confidencialidad de la información que maneja; falta gravísima atribuible al Gobierno y no a los medios.
Finalmente, el acuerdo más preocupante por atentar a mi juicio contra la libertad de expresión y el derecho a la información es el de “No convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada” Los puntos particulares de este acuerdo van en franca censura de los medios a informar con precisión lo que está sucediendo y a dar el contexto referido en el acuerdo 3. Ante el clima de violencia que nos arrastra, yo quiero conocer con toda precisión lo que está pasando. Me interesa saber quiénes son los delincuentes, qué piensan, qué piensa la gente que los rodea; cómo actúan; dónde se encuentran; quiénes los apoyan; si hay una manta de amenazas cerca de mi casa quiero tener conocimiento para tomar precauciones; o saber si debo cancelar un viaje por el riesgo que me implicaría.
La violencia no es una percepción de la ciudadanía inducida por la poca profesionalización de los medios, es una realidad que nos amenaza, y nos paraliza cuando por ejemplo vemos a los militares patrullando las calles, o los asesinatos de ciudadanos que piden justicia, o que la única opción para tener seguridad es pedir asilo en otro país.
